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MÉXICO, PENÚLTIMO LUGAR CONTRA LA CORRUPCIÓN DENTRO DE LATINOAMÉRICA

Written by on mayo 19, 2021

El Inai es mejor que la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción, según el informe.

México es el penúltimo lugar en combate a la corrupción en Latinoamérica, de acuerdo con un estudio regional realizado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos, de Estados Unidos.

Según la organización de abogados, México logró una calificación de 5.51 puntos, en una escala del 0 al 10, en esfuerzos legales para prevenir la corrupción. Con esto se colocó en el antepenúltimo lugar en Latinoamérica.

El estudio indica que las autoridades que combaten la corrupción en México no cuentan con la independencia material requerida para prevenir e investigar actos de corrupción.

Esto pese a que el Gobierno de México presume el combate a la corrupción. De acuerdo con el estudio, “hay interés en perseguir casos de corrupción cometidos en administraciones pasadas, pero no casos actuales”.

Además, el estudio señala que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es más eficaz que la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción.

México es segundo lugar en leyes para combatir la corrupción

En contraste con el lugar en que México se encuentra en cuanto al combate a la corrupción, el país es el segundo lugar en leyes que ayudan a combatir este problema, con 9.05 puntos, sólo por debajo de Perú.

Sin embargo, es difícil que México aplique estas leyes por falta de definición conforme a otras legislaciones.

Aunado a todo esto, en México no hay compensaciones económicas por denunciar actos de corrupción, ni por recuperar activos por denuncias o alertas ciudadanas de actos corruptos.

Además, los abogados explicaron que hay preocupación porque no hay nombramiento de magistrados anticorrupción del Tribunal Federal e Justicia Administrativa.

Estas evaluaciones, de acuerdo con sus creadores, pretenden “mapear” los esfuerzos de los países para prevenir la corrupción, en vez de medir la incidencia de actos corruptos, todo desde la práctica jurídica.

Con información de El Economista


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